Washington tiene una peculiar vara para premiar o castigar a sus vecinos en la región y, en esta oportunidad, apunta a Colombia. El país suramericano podría quedar sin la certificación anual antidrogas, que ahora queda a discreción de la administración de Donald Trump.
Perder el visto bueno de la Casa Blanca podría poner en riesgo la millonaria ayuda económica y militar que implica el mecanismo. Para otorgar los fondos, EE.UU. evalúa bajo sus propios criterios el desempeño anual de un país en la lucha contra el narcotráfico.
Se espera que la decisión se conozca antes del 15 de septiembre. De este modo, el Departamento de Estado podrá autorizar o no la renovación el apoyo al país suramericano, que únicamente perdió el beneficio de 1996 a 1997, durante el Gobierno del liberal Ernesto Samper (1994-1998).
En medio de la decisión hay un factor económico innegable, pero también el peso del "fracaso" del 'Plan Colombia', un ambicioso acuerdo de cooperación militar y económico que EE.UU. suscribió con el país suramericano en 2000 y que pudo haberle costado a las arcas norteamericanas unos 10.000 millones de dólares.
Las reacciones desde Colombia
Desde Colombia, ministros, autoridades locales y exfuncionarios han vaticinado las consecuencias negativas que traería para ambos países el cesar la cooperación de EE.UU. en el combate al narcotráfico.
La canciller, Rosa Villavicencio, señaló este miércoles que "Colombia no ha renunciado en nada a la lucha contra el narcotráfico" y que "es claro" que el avance que su país ha tenido en ese sentido, "no habría sido posible sin el compromiso y la cooperación" de sus "socios y amigos internacionales", a través del principio de responsabilidad común y compartida.
Al respecto, señaló que "el camino de la efectividad frente a las drogas requiere indispensablemente del diálogo permanente y fluido, de la comprensión, de las aspiraciones y preocupaciones recíprocas, y de la sostenibilidad en el tiempo de la cooperación internacional para un abordaje integral y balanceado".
Desde el Palacio de San Carlos, la Canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy (@ryvillavicencio) reiteró que Colombia no ha renunciado a la lucha contra el narcotráfico y destacó que los avances alcanzados han sido posibles gracias al compromiso y la cooperación de sus socios… pic.twitter.com/OlafIGdM97
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 10, 2025
Por su parte, el titular de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, consideró que descertificar a Colombia implica que "ganan los ilegales, pierden las naciones". En su opinión, el espaldarazo de EE.UU. en esa materia "es un símbolo de cooperación, de alianza, de confianza, pero también de capacidades, de un apoyo importante", recoge la prensa.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se mostró "optimista" sobre el tema. "Ellos tienen que ver lo que van a hacer porque, si este [Colombia] es el principal productor de coca, ¿cómo van a dejar de ayudar a la lucha contra el narcotráfico?", se preguntó.
Más allá de la pérdida del apoyo de Washington en un tema capital, también causa preocupación la posible restricción de apoyos económicos, de cooperación de inteligencia y la posibilidad de bloqueos a créditos en organismos multilaterales, como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El tema también ha removido la política interna. Dos alcaldes colombianos viajaron a Washington a pedir que no se eliminara la certificación, lo que fue catalogado de "usurpación" de funciones por Benedetti, quien publicó en X que denunciará por abandono del cargo a las autoridades locales que se trasladaron a EE.UU.
La advertencia de Petro
La llegada del primer presidente izquierdista a Colombia no supuso grandes cambios en la política antidrogas con EE.UU., que ya había comenzado a implementar el expresidente Iván Duque (2018-2022). En los dos gobiernos, de tendencias políticas opuestas, hubo coincidencias con Washington en la promoción del llamado 'enfoque holístico', para abordar del tema de las drogas como un asunto de salud pública.
En su debut presidencial, Petro ya había criticado abiertamente la llamada "guerra contra las drogas" de Washington y sus resultados, que se tradujeron en muertes y violencia para América Latina. Sin embargo, en el último año de mandato, su postura contra la Casa Blanca se ha endurecido luego del despliegue militar estadounidense en el Caribe y la supuesta masacre de 11 tripulantes de una 'narcolancha'.
"La colaboración del Gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda, a fondo, sin doble moral de mi parte, pero se supedita al derecho internacional. El Gobierno de EE.UU., si respeta el derecho internacional, tiene todo mi apoyo, pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración", advirtió en sus redes el líder del Pacto Histórico.
Las cifras alarmantes
Según el informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado, publicado en marzo de 2025, "Colombia es el principal productor y exportador mundial de cocaína, además de una fuente de heroína y marihuana".
En este escrito se afirma que las incautaciones colombianas de cocaína y base de cocaína ascendieron a 846 toneladas en 2023, 10 % más que en 2022.
La participación de Washington, según el documento, logró reducir la violencia en "áreas prioritarias". Sin embargo, se considera que "los narcotraficantes continúan amenazando la autoridad del Estado y ejerciendo control sobre algunas zonas", por lo que instan a un "mayor compromiso gubernamental" en los programas de reducción de cultivos.
Un "socio clave" hasta 2024
En septiembre pasado, en los últimos meses de Joe Biden en la presidencia, aunque se renovó la certificación de Colombia como un "socio clave" en la lucha antidrogas, hubo una advertencia.
"En América del Sur, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord, lo que exige medidas urgentes por parte de los países de la región", declaró Biden.
Según el informe de 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), hubo un aumento de 10 % de los cultivos de coca en el país suramericano, que pasaron de 230.000 a 253.000 hectáreas, de 2022 a 2023.
Hasta el año pasado, la Casa Blanca percibía al país suramericano como un "socio fuerte" que trabajaba estrechamente con EE.UU. para reducir la producción de cocaína, detener el tráfico de sustancias ilícitas y desmantelar las organizaciones criminales involucradas en el tráfico de cocaína. No obstante, solo la certificación podría aclarar si esta visión aún se mantiene.
Los roces con Trump
Durante el mandato de Duque, aunque Colombia mantuvo su certificación intacta, en varias oportunidades Trump cuestionó la eficacia de su par suramericano en el combate al tráfico de narcóticos.
En marzo de 2019, el republicano acusó a Duque de "no haber hecho nada" para detener el flujo de sustancias ilícitas desde Colombia y, un mes después, asestó otro dardo al decir que "desafortunadamente el negocio de las drogas había crecido 50 %" desde que el conservador estaba en la Casa de Nariño.
En esa oportunidad, el expresidente colombiano respondió que solo le rendía cuentas al pueblo y le pidió a los países con altos niveles de consumo de drogas, como EE.UU., "enfrentar ese fenómeno".
A pesar de los roces previos con Trump, con la llegada de Biden a la presidencia, Duque informó que sus políticas estaban "totalmente alineadas" a la estrategia antidrogas de Washington.
La amenaza de la anterior descertificación
En un artículo de El Tiempo se habla del uso político que se le dio a la certificación estadounidense en el Gobierno de Samper. En su mandato, además de presión diplomática, se apuntaba al aislamiento del país suramericano y a la salida del mandatario como un objetivo final.
Fue en la Administración del liberal cuando, desde EE.UU., se hablaba de una "narcodemocracia" e incluso se le dejó de reconocer como un interlocutor válido, según un análisis de la Universidad de Los Andes. La tensión llegó a tal punto que a Samper le revocaron la visa para viajar al territorio estadounidense.
La descertificación se hizo efectiva entre 1996 y 1997, y no fue hasta 1998, al final del Gobierno de Samper, cuando nuevamente el país suramericano obtuvo el visto bueno de Washington en la lucha contra las drogas.
