
Las drásticas medidas que toma Paraguay ante Brasil en medio de acusaciones de espionaje
El Gobierno paraguayo anunció este martes la suspensión de las negociaciones con Brasil relativas al anexo C del tratado que regula el funcionamiento de la hidroeléctrica binacional Itaipú, luego de que un medio brasileño informara que los sistemas informáticos de Paraguay habían sufrido un hackeo planeado por la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) durante la gestión de Jair Bolsonaro (2019-2023).
"Anunciamos […] que quedan suspendidas todas las negociaciones del anexo C hasta tanto el Brasil brinde las aclaraciones correspondientes a satisfacción del Gobierno de la República del Paraguay", comunicó este martes en una rueda de prensa el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano.
Ramírez Lezcano adelantó que Asunción convocará a consultas a su embajador en Brasilia, Juan Ángel Delgadillo, "a fin de que informe sobre los aspectos relacionados a la acción de inteligencia en asuntos del Gobierno del Paraguay por parte de ese país".
Del mismo modo, informó que se convocará al representante diplomático de Brasil en Paraguay, José Antônio Marcondes, para que brinde "explicaciones detalladas" sobre el incidente por medio de "una nota oficial".
¿Qué pasó?
En la víspera, el portal UOL hizo públicas las declaraciones que ofreciera un funcionario de la ABIN a la Policía Federal brasileña según las cuales la dirección del ente hackeó algunos sistemas del Gobierno paraguayo, incluyendo la Presidencia, el Congreso y las conexiones de personas involucradas en la negociación de la central de Itaipú.
De acuerdo con el declarante, el ataque informático inició durante la Administración de Bolsonaro, pero continuó durante el Gobierno de Lula, pues el director de la ABIN, Luiz Fernando Corrêa, y el director interino, Saulo de Cunha Moura (marzo-mayo de 2023), autorizaron la operación.
"El objetivo de la operación era obtener los valores que se negociarían del anexo C […]. El presidente de Paraguay, el presidente del Senado y autoridades directamente involucradas en las negociaciones fueron blanco de ataques", sostuvo.
Mientras, el Gobierno de Lula negó "categóricamente" haber autorizado incursión ilegal alguna en los sistemas paraguayos, apuntó sus dardos hacia su antecesor y aseguró que detuvo las acciones tras haber sido informado de los hechos.

"El Gobierno del presidente Lula desmiente categóricamente cualquier participación en una acción de inteligencia, mencionada en noticias de hoy, contra Paraguay, país miembro del Mercosur con el que Brasil mantiene relaciones históricas y una estrecha asociación. Dicha operación fue autorizada por el Gobierno anterior, en junio de 2022, y anulada por el director interino de la ABIN el 27 de marzo de 2023, tan pronto como la actual Administración tuvo conocimiento del hecho", reza un comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil.
Inicialmente, las autoridades paraguayas afirmaron que no tenían evidencia de que sus sistemas informáticos hubieran sido violentados, aunque el canciller Ramírez Lezcano advirtió que se estaban haciendo las averiguaciones correspondientes. "Nosotros tenemos la tranquilidad de que la información que administramos en el marco de nuestras negociaciones internacionales están resguardadas", dijo.
Empero, el Gobierno del presidente Santiago Peña se vio obligado a pronunciarse de forma más categórica tras la aprobación en el Congreso de una resolución en la que se insta al Ejecutivo "a esclarecer la supuesta filtración de datos ocurrida durante el año 2022", en la gestión del entonces presidente, Mario Abdo Benítez.