Una jueza de Colombia halló culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal y fraude procesal, en una investigación por manipulación de testigos; en tanto, durante el histórico juicio contra el exmandatario en el país suramericano, fue absuelto por otra acusación de soborno.
En la audiencia del denominado 'juicio del siglo', la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, en decisión de primera instancia, consideró que el expresidente y líder del Centro Democrático, a través de emisarios, ofreció beneficios a personas privadas de la libertad con el objetivo de resultar favorecido en otros procesos que la justicia adelanta en su contra. Asimismo, por manipular testigos para que vincularan al senador Iván Cepeda con hechos ilegales.
De acuerdo con el fallo, el exmandatario es culpable de ese delito de soborno en actuación penal porque, a través de su exabogado Diego Cadena trató de sobornar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, recluido en la cárcel 'La Picota', y por otras presiones que recibió el testigo.
Aunque la defensa de Uribe intentó señalar que el delito fue cometido a sus espaldas y que Cadena actuó de manera voluntaria; la jueza determinó que el exmandatario sí conocía las acciones del letrado en las cárceles del país y que en medio del juicio quedó "suficientemente acreditada la actuación del expresidente en el delito de soborno en actuación penal".
Además, la jueza sostuvo que varios testigos fueron incentivados económicamente de forma encubierta; y que Uribe conocía estas maniobras. Además de Monsalve, se nombra a Eurídice Cortés, alias 'Diana', y Carlos Enrique Vélez, alias 'Víctor'.
Entretanto, la togada señaló que se configuró el delito de fraude procesal, al advertirse que se presentaron memoriales y pruebas con el fin de inducir en error a la Corte Suprema de Justicia.
La jueza afirmó que ese fraude se materializó a través de un memorial elaborado por Cadena y un video entregado por el abogado suplente Juan Felipe Amaya, los cuales fueron radicados ante el alto tribunal.
"Se concluye y se ha acreditado, más allá de toda duda razonable, que Álvaro Uribe Vélez determinó dolosamente a Diego Javier Cadena Ramírez en la ejecución de los delitos de soborno en actuación penal en concurso heterogéneo y fraude procesal en concurso homogéneo. Con estos comportamientos, queda claro también que afectó el bien jurídico de la administración de justicia […], [al actuar] directamente contra la Corte Suprema de Justicia", cerró Hernández.
Por estos hechos, se le otorgó una medida de prisión domiciliaria, mientras aguarda por la imposición de la pena, que se conocerá el venidero 1 de agosto.
El fallo —como se denomina a este tipo de decisión que determina la culpabilidad o inocencia del procesado— marca un hito en la historia de la justicia colombiana debido a que es la primera vez que un expresidente se enfrenta a una condena tras un juicio penal.
Una investigación entrampada por años
La Fiscalía General de la Nación acusó a Uribe en mayo de 2024 de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, después de que entre 2012 y 2014, el senador Cepeda presentara testimonios de los exparamilitares Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes aseguraban haberse reunido con Uribe durante su mandato como gobernador del departamento de Antioquia. En respuesta, el expresidente denunció a Cepeda ante la Corte Suprema por calumnia, fraude procesal y abuso de función pública.
En 2018, el tribunal encontró indicios de que Uribe habría manipulado testimonios para incriminar a Cepeda, por lo que en 2020 fue condenado a arresto domiciliario, en el que se mantuvo por 67 días. En ese momento, se desempeñaba como senador y renunció al cargo para no ser juzgado por el Supremo sino por la justicia ordinaria, a través de la Fiscalía.
Aunque el ente acusador pidió en 2021 la preclusión del proceso, en 2022 dos jueces rechazaron esa solicitud. En 2024, con la llegada de la fiscal general Luz Adriana Camargo, finalmente, el exmandatario fue llamado a juicio, acusado de soborno a testigos, fraude procesal, y un nuevo cargo por soborno. Desde febrero de este año, el caso se ha mantenido bajo constante prescripción.
La audiencia
Heredia, quien ha sido atacada fuertemente los medios que respaldan a Uribe, expresó al principio de la audiencia: "La Justicia no está al servicio de la prensa ni de la política, está al servicio del país". Esta afirmación se contrapone a lo expresado por el exmandatario quien ha señalado en distintas oportunidades que existe una persecución política en su contra.
Durante su ponencia, la jueza validó como prueba de un hecho punible las interceptaciones ordenadas por la Corte Suprema, en 2018, al senador Nilton Córdoba. Sin embargo, por un supuesto error, recoge Caracol, terminaron haciéndose al teléfono de Diego Cadena, abogado de Uribe.
"El secreto profesional no puede convertirse en una barrera para la Justicia", manifestó la togada con referencia a la apelación que habría hecho la defensa de Uribe que argumentó que la conversación pertenecía al ámbito privado.
En esas llamadas, Cadena y Uribe habrían hablado sobre supuestos planes para conseguir que un grupo de paramilitares condenados y en la cárcel se retractaran de las declaraciones que habrían hecho sobre la presunta relación del expresidente y su hermano Santiago Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Asimismo, validó las pruebas recogidas con dos 'relojes espías' que habría usado en 2018 el exparamilitar preso Juan Guillermo Monsalve para grabar la conversación sostenida con Cadena, en la que el abogado lo habría presionado para que favoreciera a Uribe, a cambio de beneficios penales, y perjudicara al senador Cepeda, quien había presentado testimonios de exparamilitares que aseguraban haberse reunido con el entonces gobernador de Antioquia. La defensa del exmandatario negó la veracidad de ese registro.
Durante la audiencia, Heredia afirmó que las afirmaciones hechas por Monsalve "no contienen situaciones difíciles de creer o que se adviertan falacias por provenir de privado de libertad", por lo que la versión del llamado 'testigo estrella' con contra de Uribe, "merece credibilidad" puesto que ha sido sostenida, a pesar de las presiones, por 14 años.
La exeposa de Monsalve, Deyanira Gómez, y el abogado del senador Cepeda presentaron estas grabaciones a la Corte Suprema y ahí se inició el proceso.
¿Qué ocurrirá?
Hasta el momento, en esta larga querella judicial de más de una década, Cepeda fue declarado como víctima en 2024 por los daños causados durante el proceso y la afectación a su integridad como parlamentario al quererlo relacionan con hechos delictivos que no cometió. La misma decisión fue tomada a favor de Deyanira Gómez, quien denunció persecución y amenazas de muerte tras su colaboración de la Justicia, por lo que se fue del país junto a sus dos hijos.
Según los expertos, el fallo podría tener un efecto político importante en Colombia, ya que la imagen de Uribe —figura relevante en la derecha del país— se ha visto debilitada, lo que podría impactar en las próximas elecciones.
Antes de conocerse el fallo de este lunes, Granados había asegurado que su defendido, independientemente del dictamen, no irá a la cárcel porque alega que no existen pruebas ni testigos que sustenten las denuncias en su contra. Además, si no se emite una sentencia en segunda instancia antes de octubre, el caso prescribirá y se cerrará sin condena.
En esta extensa jornada, el exmandatario de 73 años y su abogado titular Jaime Granados siguieron la audiencia de manera virtual, mientras que su defensor suplente, Jaime Lombana, y el senador Cepeda estuvieron presentes en el complejo judicial Paloquemao, en Bogotá.
Mientras se exponía la decisión judicial en las adyacencias de Paloquemao se registraron algunas manifestaciones en contra del fundador del derechista Centro Democrática.
