El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) obliga a Airbnb a pagar la multa de más de 64 millones de euros que le había impuesto el Ministerio de Consumo en diciembre por anunciar viviendas sin licencia de uso turístico, por ofrecer una licencia incorrecta, o por incurrir en publicidad engañosa al no ofrecer información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones.
La noticia ha sido confirmada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que en julio del año pasado ya logró que la plataforma retirase 65.000 anuncios ilegales.
El TSJM ha denegado la solicitud de medidas cautelares que presentó la compañía para paralizar la sanción del departamento dirigido por Pablo Bustinduy.
En su momento, Consumo identificó infracciones en 65.122 anuncios publicados en la plataforma, que posteriormente fueron retirados.
La multa ascendió entonces a 63,98 millones de euros, lo que corresponde a seis veces el beneficio ilícito obtenido durante el tiempo que los anuncios estuvieron publicados.
Además, otras infracciones menores, relativas al incumplimiento de obligaciones de los contratos celebrados a distancia o la obstrucción a suministrar datos para las funciones de información, vigilancia o inspección, entre otras, hicieron que el montante final de la sanción ascendiera a 64.055.311 euros.
