Militares criminalizan la lucha social en Centroamérica

América Central está viviendo un alarmante proceso de militarización. Así lo revela un informe sobre derechos humanos y conflictividad social en vísperas de la cumbre de los líderes del Sistema de Integración Centroamericana en San Salvador.

El equipo de monitoreo y análisis de derechos humanos en Centroamérica, que presentó el documento, constata que las Fuerzas Armadas en varios países volvieron a ser la institución que comete más infracciones de los derechos humanos. Y eso que la criminalidad de los cárteles también está en el auge.

Se recalca que la militarización se aprovecha de leyes antiterroristas, de los planes de ‘tolerancia cero’, que son capaces de convertir a cada transeúnte en sospechoso. La tendencia se expresa no solo en una creciente involucración de los Ejércitos nacionales en los asuntos civiles, sino también en la presencia de bases y efectivos de Estados Unidos en territorios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y también, más allá de la región, en México y Colombia.

A juicio del analista político salvadoreño Roberto Cañas, “una vez instalada, la base militar puede servir para cualquier cosa”. Solo en principio las bases se instalan para monitorear y perseguir el tráfico de drogas, dice él. “De ser presentemente libres en términos de soberanía, pueden criminalizar la lucha de los movimientos sociales”.

Cañas ve en esta presencia castrense un peligro para la lucha social y para la paz interna, como en El Salvador, conseguida hace dos décadas. Explica también las causas que conllevan la constante violación de los derechos humanos por esta fuerza: “Las funciones de la Fuerza Armada son únicamente la defensa de la integridad del territorio de los países centroamericanos y la soberanía —recalca— y no están para cumplir funciones de patrulla en las calles, captura de delincuentes, porque no están entrenados para ello”.