Actualidad
La presidenta brasileña recibe disculpas por los abusos de la dictadura
El estado de Rio de Janeiro ha pedido este lunes disculpas oficiales a 120 ex prisioneros políticos de la dictadura militar de Brasil (1964-1985), entre ellos la actual presidenta del país, Dilma Rousseff. Está previsto que cada uno sea indemnizado, además, con 20.000 reales (unos 10.000 dólares estadounidenses). La mandataria había comunicado ya que dirigirá su suma a la caridad.
Además de Rio, Rousseff también había solicitado indemnizaciones de los estados de São Paulo y Minas Gerais, donde fue interrogada, juzgada y condenada. Por el momento, no se ha comunicado cómo se resolverán estas peticiones.
La ahora presidenta de Brasil desde los 16 años formó parte del movimiento de resistencia contra la dictadura militar que siguió al golpe de Estado de 1964. Primero fue militante de la organización izquierdista Política Operária, para afilarse luego a uno de los más importantes grupos guerrilleros de la época, Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares, y convertirse en uno de sus ‘cerebros’. En 1970, cuando tenía 22 años de edad, fue detenida. Debido a su rol dentro de la organización, fue apodada por los agentes como la ‘Juana de Arco de la guerrilla’.
Tras el arresto fue sometida a torturas a lo largo de 22 días, incluidas palmatoria, puñetazos, palo de loro (o ‘pau de arara’, que consistía en poner un tubo de hierro por encima de los bíceps de la víctima y por debajo de sus rodillas, atando al mismo tiempo sus tobillos y muñecas entre sí) y la silla del dragón (una modificación de la silla eléctrica), según sus biógrafos oficiales. En primera instancia Rousseff fue condenada a seis años de prisión. Después de haber cumplido tres años de cárcel, el Tribunal Supremo Militar redujo su sentencia. Salió en libertad 10 kilos menos y con una disfunción de la tiroides.
Con las remuneraciones de este lunes, el número de indemnizaciones abonadas en el estado de Rio de Janeiro ha alcanzado 769. Según la cifra oficial, son 1.113 personas en total las que habían solicitado compensaciones de las autoridades locales. A escala nacional, la Comisión de Amnistía de Brasil comunica que desde el año 2001, cuando entró en vigor la ley de reparación, recibió 70.000 solicitudes de indemnización por las persecuciones de todo tipo sufridas en los años de la dictadura. En cuanto a las bajas, el país reconoce oficialmente 457 víctimas fatales del régimen militar, entre muertos y desaparecidos, frente a, por ejemplo, las 30.000 en Argentina, según organismos de derechos humanos, y más de 3.200 en Chile.
A mediados de mayo de 2012 Rousseff inauguró la Comisión de la Verdad. “No nos mueve el revanchismo, el odio o el deseo de escribir la Historia, sino mostrar lo que sucedió, sin camuflaje, sin vetos. Este es un proceso culminante de lucha por la democracia. Un proceso construido paso a paso durante cada uno de los gobiernos electos después de la dictadura (...) La verdad no muere por ser escondida", dijo la presidenta en la ceremonia de investidura.
Está programado que a lo largo de los próximos dos años el organismo se dedique a investigar los crímenes cometidos durante la dictadura, como la desaparición forzada de personas y las violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, las autoridades brasileñas acentúan que las actividades de la Comisión no contrariarán la Ley de Amnistía de 1979, ratificada por la Corte Suprema en 2010, que impide enjuiciar y encarcelar a los represores.
La ahora presidenta de Brasil desde los 16 años formó parte del movimiento de resistencia contra la dictadura militar que siguió al golpe de Estado de 1964. Primero fue militante de la organización izquierdista Política Operária, para afilarse luego a uno de los más importantes grupos guerrilleros de la época, Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares, y convertirse en uno de sus ‘cerebros’. En 1970, cuando tenía 22 años de edad, fue detenida. Debido a su rol dentro de la organización, fue apodada por los agentes como la ‘Juana de Arco de la guerrilla’.
Tras el arresto fue sometida a torturas a lo largo de 22 días, incluidas palmatoria, puñetazos, palo de loro (o ‘pau de arara’, que consistía en poner un tubo de hierro por encima de los bíceps de la víctima y por debajo de sus rodillas, atando al mismo tiempo sus tobillos y muñecas entre sí) y la silla del dragón (una modificación de la silla eléctrica), según sus biógrafos oficiales. En primera instancia Rousseff fue condenada a seis años de prisión. Después de haber cumplido tres años de cárcel, el Tribunal Supremo Militar redujo su sentencia. Salió en libertad 10 kilos menos y con una disfunción de la tiroides.
Con las remuneraciones de este lunes, el número de indemnizaciones abonadas en el estado de Rio de Janeiro ha alcanzado 769. Según la cifra oficial, son 1.113 personas en total las que habían solicitado compensaciones de las autoridades locales. A escala nacional, la Comisión de Amnistía de Brasil comunica que desde el año 2001, cuando entró en vigor la ley de reparación, recibió 70.000 solicitudes de indemnización por las persecuciones de todo tipo sufridas en los años de la dictadura. En cuanto a las bajas, el país reconoce oficialmente 457 víctimas fatales del régimen militar, entre muertos y desaparecidos, frente a, por ejemplo, las 30.000 en Argentina, según organismos de derechos humanos, y más de 3.200 en Chile.
A mediados de mayo de 2012 Rousseff inauguró la Comisión de la Verdad. “No nos mueve el revanchismo, el odio o el deseo de escribir la Historia, sino mostrar lo que sucedió, sin camuflaje, sin vetos. Este es un proceso culminante de lucha por la democracia. Un proceso construido paso a paso durante cada uno de los gobiernos electos después de la dictadura (...) La verdad no muere por ser escondida", dijo la presidenta en la ceremonia de investidura.
Está programado que a lo largo de los próximos dos años el organismo se dedique a investigar los crímenes cometidos durante la dictadura, como la desaparición forzada de personas y las violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, las autoridades brasileñas acentúan que las actividades de la Comisión no contrariarán la Ley de Amnistía de 1979, ratificada por la Corte Suprema en 2010, que impide enjuiciar y encarcelar a los represores.
comentarios